Fallos de la Política Criminal en Costa Rica

       El sistema penal es un elemento de representaciones y relaciones sociales, de políticas públicas, de discursos de poder, e incluso de su propia configuración lingüística, la ley penal; en resumen representa lo cotidiano de las sociedades actuales. Es por tal motivo que resulta necesario evaluar constantemente el estado del sistema penal y sobretodo el papel que juega en la democratización del poder punitivo.

A raíz de esto, es el orden social quién debe surgir como propuesta con su capacidad pacificadora en las relaciones sociales, pues, siempre estuvo y estará conectado con las relaciones sociales y a la amenaza latente del uso de la violencia para hacer cumplir las leyes que emergen de la sociedad. 

Es debido a estas amenazas que, el derecho y la paz, como aspiración a un ideal de sociedad conviven en una situación de inestabilidad.  A causa de esta situación inestable es que surge la necesidad de administrar y distribuir el poder, con sus desigualdades y jerarquías, la administración de premios y castigos.

Dicho control administrativo no es otro más que el control social, que implica uno de los problemas más inquietantes en la actualidad; ya que su actuación produce efectos o consecuencias a nivel social.

Es por tal motivo, que cuando las acciones informales del control social fracasan o el comportamiento del individuo continúa fuera de la norma, la sociedad se ve obligada a recurrir al uso de mecanismos artificiales, con el fin de ejercer un control sobre la sociedad y es allí donde entra en juego el sistema penal a fin de controlar lo que los medios naturales no pueden.

Con el paso de los años y el creciente auge de la tecnología, se ha dado también un aumento desmedido en la problemática institucional del sistema legal y sus respuestas son insuficientes ante la demanda social, como pruebas irrefutables a tal problemática se presenta una situación de ingobernabilidad y un incremento desmedido de la criminalidad asociado a actos de violencia cada vez más fuertes y atroces.

            A lo largo de la historia, la tradición legal en que se basan los sistemas judiciales es un factor determinante de la eficiencia judicial, incluso más que otros factores tradicionalmente considerados relevantes como el nivel de ingresos de un país y su grado de desarrollo.

Con el pasar de los años y de diversos análisis, se puede llegar a la conclusión que la eficiencia y capacidad de los tribunales para impartir justicia se encuentra directamente relacionada con las características de los procedimientos que con el nivel de desarrollo de los países. 

La mayor eficiencia judicial, asimismo, se relaciona con una mayor simplificación de los procesos. Cuando se reduce la complejidad de los procesos judiciales, disminuyen también los costos y la tardanza. Actualmente está de moda una tendencia donde la reforma consiste en instaurar un proceso común u ordinario, sin descuidar claro está, la regulación de los procesos especiales, que por motivos especiales, merecen un tratamiento especializado.  Dependiendo del  modelo que asuma cada sistema penal dependerá la estructura que le asigne a su proceso.

            Ahora bien, si analizamos con calma la situación actual, podemos darnos cuenta de la dura realidad, pues el escenario que se vive hoy en día es otro muy distinto.

       Diversos factores como su organización, métodos tradicionales, falta de infraestructuras adecuadas, altos índices de criminalidad, entre muchos otros más, repercuten directamente en la crisis o fracaso inminente que vive hoy en día el sistema penal.  

Lamentablemente el sistema penal e incluso la política criminal de nuestro país, se encuentran contaminados en todos los defectos de las penas que se han aplicado en el pasado, la crisis ha llegado a tal punto, que las entidades encargadas de velar por su adecuado funcionamiento buscan en forma desesperada por todos los medios intentar nuevas estrategias para cambiar su imagen.

El notorio abuso de la pena de cárcel ha causado un verdadero deterioro en todo el sistema penal, conllevando esto a que las esperanzas que anteriormente yacían en ella, hayan desaparecido con el trascurso de los años, y estamos de acuerdo en el hecho que todas las cárceles se encuentran contaminadas, y por consiguiente contaminan a los reclusos que se encuentran en ellas.

A raíz de la abolición de la pena de muerte en nuestro país, el 26 de abril de 1882, el sistema penitenciario pasa a ser la alternativa más importante en cuanto a castigo penal, conllevando esto a la alta saturación penitenciaria, pues no se han creado penas o castigos alternativos para delitos menores o personas que son detenidas por pensiones alimenticias por ejemplo.

Claudia Cesaroni -abogada criminalista, escritora y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Cepoc- comenta:

"La cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la arbitrariedad. Por eso, a muchos nos parece que la institución carcelaria va a tender a reducirse a su mínima expresión. La mayoría de los presos son ladrones, y desde luego que no vamos a felicitarlos por eso. Pero habría que buscar soluciones más reales, como que la persona trabaje y pague por lo que dañó o robó en vez de ir a prisión. La pena privativa de la libertad debería limitarse a los casos más graves, porque claramente no resuelve el tema del delito." 

Lo cierto es que hoy, y así como está, el sistema penal no es funcional. Si bien es cierto se han implementado algunos cambios, estos no son los necesarios y continuamos aún con una política criminal que se basa en combatir delitos del pasado que siendo conscientes y críticos no tienen nada que ver con los actuales. Pero no menos cierto es que la misma sociedad oculta lo que pasa en nuestra realidad nacional, un verdadero suicidio social. Lo que se ha venido haciendo es ignorar la situación actual tanto de los centros penales, como de las estrategias con las cuales se trata de prevenir y combatir el delito y lamentablemente esto se ha convertido en una verdadera olla a presión de violencia, maltrato y resentimiento, que continua acumulando temperatura, mientras los datos prueban que dichas instituciones no operan en función del propósito con el cual fueron creadas pues los individuos vuelven a delinquir, triste ejemplo de esto es que desde los mismos centros penitenciarios (mayor castigo contra los infractores) los delincuentes continúan organizando sus fechorías, a veces incluso en complicidad con uniformados. Porque si quién, cumplida su condena, regresa literalmente a la nada (a menudo sin vínculos familiares, sin siquiera un lugar donde dormir, sin un trabajo del que subsistir y señalado por toda la sociedad) estará mucho menos preparado que antes para resistir la llamada del delito. Volverá a caer, a repetirse. A ser -alternativamente- “ya carne de prisión, ya victimario”. “¿Cómo detener la rueda maldita?” "Haciendo más cárceles", insisten algunos; "encarcelando menos y resocializando más", machacan otros, pero la solución real aún no existe.

“La improvisación a la hora de hacer reformas legales, la falta de un enfoque sobre la criminalidad que tome en cuenta las situaciones de riesgo social y el papel provocativo y populista de algunas figuras políticas, son algunos de los elementos que inciden en las deficiencias del Estado costarricense a la hora de enfrentar el problema de la seguridad ciudadana” (Chacón, 2011).

Como podemos observar entre más se profundiza en el tema, lo único que logra salir a la luz es el gran fracaso que representan hoy en día nuestras políticas criminales, ya que como se puede detallar:

1- Costa Rica hoy en día sólo ha realizado reformas que se quedan en el papel pues no son puestas en práctica.

2- Se ha producido una sobresaturación dentro de las cárceles, pues cualquier delito es castigado con prisión sin distinguir si se trata de un delito menor (hurto) o un delito grave (violación – asesinato).  O lo que es peor aún se es encarcelado por el no pago de la pensión alimentaria.

3- El prisionero se adapta a la prisión, por lo que termina volviéndose un círculo vicioso ya que sólo conoce ese estilo de vida.

4- El ser expresidiario o exconvicto equivale a estar etiquetado socialmente lo cual impide al sujeto su correcta adaptación al medio de la sociedad, su hoja de delincuencia se encuentra manchada por tal motivo no encontrará un trabajo con el cual subsistir, aumentando el riesgo de volver a delinquir.

5- Las posibles modificaciones al sistema penal deben ser sometidas a largos y tediosos proceso burócratas y políticos por lo que en la mayoría de ocasiones cuando logran ser aprobados, sí es que logran ser aprobados, ya no son funcionales ni brindaran el resultado esperado en el momento del planteamiento.

6-  La política criminal debe estar enfocada a prevenir el delito y buscar e implementar estrategias que la ayuden a lograr este objetivo y no sólo a castigar la infracción.

7-  Los delitos de cuello blanco continúan sin ser tocados, a pesar de ser uno de los más grandes causantes del déficit fiscal.

8- Lamentablemente está demostrado que el sistema penal es selectivo, no es igualitario y menos aún justo, a prisión llegan los más desamparados, los que no tienen influencias, los ignorantes que desconocen sus derechos, los pobres que no pudieron arreglarse a tiempo o que no tienen dinero para pagar una buena defensa o fianza.

En este sentido, es lamentable observar como las políticas criminales  y la sociedad son entidades diferentes y peor aún, contradictorias, para lograr hacer sociales a los antisociales se les debe desintegrar de la comunidad cívica y asociarlos con otros antisociales, lo cual los contamina pues se encuentran vulnerables emocionalmente y dentro de la cárcel sólo sobrevive el más fuerte o el que le sirve a matones, nadie puede aprender a vivir en libertad sin libertad. La rehabilitación social no puede agravar aún más el problema de la delincuencia es decir de la criminalidad, por lo tanto nuestro sistema penal a hoy en día no constituye una respuesta social y jurídica y es extraordinariamente costosa al problema de la delincuencia, en definitiva se trata de una ilusión que recluyendo una parte de la población se garantiza la seguridad pública cuando los hechos demuestran que una gran parte de los delincuentes reales y especialmente los potenciales permanecen en la sociedad.

Lamentablemente, las propuestas en tal sentido no abundan. Pero tal vez para comenzar a pensar en estas cuestiones sirva recordar que las posibles soluciones se encuentran dentro de la misma sociedad, la familia.

A criterio personal considero que en este sentido el remedio está siendo peor que la enfermedad, si bien es cierto los individuos que violan las leyes establecidas deben tener castigos, cada quien debe ser responsable de sus actos, no siempre la cárcel es la mejor solución, el sistema penal debería realizar un arduo análisis de las penas impuestas de acuerdo al delito cometido.

Es hora de buscar soluciones reales a la situación que enfrentamos pues lo único que estamos logrando como sociedad es crear más delincuentes y lo más preocupante es que son delincuentes preparados y en ocasiones creados por el mismo sistema.

Se podría eventualmente realizar un análisis exhaustivo de los sistemas penales de otros países para buscar implementar nuevas estrategias de rehabilitación pues a mi parecer no es prudente que un pobre cristiano que no pudo pagar la pensión alimenticia vaya a la cárcel a compartir celda con un asesino o violador, por ejemplo, y con todo el dolor en el alma es la realidad a la que nos enfrentamos. 

Es imperativo crear o dar la importancia correspondiente a las estrategias que existen con el fin de prevenir el delito; fortalecer la familia como eje principal de la sociedad ya que es dentro del seno de ella donde se forman los ciudadanos que conforman y conformarán el Estado.

Se deben fortalecer dentro del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, programas que fomenten el respeto hacia las leyes y los valores con el fin de crear ciudadanos responsables y respetuosos del Estado en el que viven.

Se deben buscar soluciones alternas que permitan al infractor remediar el daño y a la vez brindarle la oportunidad de seguir siendo parte de la sociedad, se le debe brindar más énfasis a la educación general básica, a la superior y a la técnica para lograr aprender una profesión.

En un Estado social de derecho, la prevención de la criminalidad depende del grado de realización del derecho humano otorgado a la seguridad personal y colectiva.