¿Y la política criminal?

Agosto 12, 2015 4:44 am

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Casi 14 mil privados de libertad habitan espacios carcelarios sobrepoblados en Costa Rica.

El 80% convive en ámbitos con hacinamiento crítico, lo que representa un enorme problema social y una gran vergüenza para un país considerado líder mundial en materia de derechos humanos.

Parte del problema, desde luego, es el aumento de la población, la violencia y la criminalidad. El país tiene más habitantes, pero además se cometen más delitos y con mayor violencia. Un ejemplo claro es el aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes que se duplicó entre 1990 y 2008. Igualmente, se ha dado un aumento en la actividad delictiva de estructuras criminales organizadas.

Pero paralelamente se abusa de la prisión preventiva, al punto que casi una cuarta parte de la población penitenciaria la conforman presos sin condena.

¿Cómo solucionar el problema? Evidentemente, una parte importante de este caos es la falta de cárceles, lo que genera un hacinamiento gravísimo, que a su vez aumenta la violencia entre la población carcelaria que, en un gran mayoría, lejos de resocializarse, sale mejor entrenada para delinquir.

Además, esta falta de espacios adecuados lleva a la forzada convivencia entre delincuentes reincidentes y violentos con primerizos encarcelados por delitos menores.

Pero el meollo del problema es la política criminal. Hay muchos delitos que simplemente no debieran serlo. Igualmente, hay muchas sentencias de cárcel que podrían cumplirse fuera de esta.

Es tan grave esta situación, que nuestro sistema carcelario pasó de una población de 7.700 personas en el 2006, a 13.500 en el 2013, todas ubicadas en los mismos espacios, y el Ministerio de Justicia estima que la población penal crece a una tasa del 30% anual.

Claramente la ciudadanía necesita sentirse segura y no estar amenazada por la liberación temprana de peligrosos criminales, lo que se evita encarcelando a homicidas, violadores y, en general, a quienes cometan delitos con violencia o sean reincidentes en otros.

Pero la seguridad ciudadana no mejorará al encarcelar a deudores de pensiones alimentarias, libradores de cheques sin fondos o, como recientemente se informó, condenando a 3.5 años de cárcel a alguien que hurtó 7 Picaritas en una pulpería en Cartago…

Un tema interesante a considerar, sobre todo en el contexto fiscal del país, es el costo que tiene un privado de libertad, ya que según señalan datos de la Fundación Acción Joven se trata de casi $18 000 anuales.

Comparativamente, el costo anual de un colegial es de poco más de $3 000 anuales.

Es decir, una verdadera política preventiva que permita mantener a los estudiantes en la escuela y en el colegio, es 6 veces más barata que encarcelar personas.

También se ha discutido el tema de la casa por cárcel por medio del uso de un brazalete electrónico, que es factible tecnológicamente y de uso normal en muchas partes del mundo.

Esta herramienta ayudaría con la sobrepoblación y también reduciría el costo de los encarcelamientos. Desde luego, debe autorizarse solamente para condenados por primera vez por cometer delitos sin violencia o de menor importancia.

No hay duda de la enorme crisis que vive el sistema carcelario costarricense.
Un hacinamiento de 38% atenta contra las garantías mínimas carcelarias reguladas por diversos tratados de derechos humanos. Además, las condiciones actuales de las cárceles impiden cumplir con la resocialización. ¡En el 2013 se reportó que en dos años 32 personas fueron asesinadas por reclusos que fueron liberados previamente!

Si tomamos en consideración las sabias palabras del novelista ruso Fiódor Dostoyevski, “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”, debemos reflexionar seriamente acerca de nuestro devenir como país.

David Gutiérrez
davgutswa@gmail.com

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